La CNE extendió la consulta pública del borrador.

Diversos estudios difieren sobre los efectos que tendría esta herramienta en el sistema eléctrico y en las empresas.

 

La modificación de la norma de gas inflexible por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sigue generando ruido al interior de la industria energética, en momentos en que ya existe un borrador para modificar esta herramienta que permite que las centrales a gas puedan despachar parte de su producción con prioridad. Esto, desplazando el despacho de otras unidades, principalmente renovables y termoeléctricas a carbón, pese a que estas últimas produzcan a menor costo.

Al interior de las compañías que generan con gas existe preocupación por el borrador, que estará en consulta pública hasta el 12 de julio. Lo que persigue es restringir el uso de la inflexibilidad, en una tarea que estará a cargo del Coordinador Eléctrico, que entre marzo y agosto definirá la cuota a despachar a la que podrá acceder cada empresa.

La complejidad, dicen desde la industria, es poder tener claridad a la hora de definir la cantidad de gas que se necesite, para lo que resultan fundamentales aspectos como las precipitaciones, lo que no se puede estimar con precisión en el largo plazo.

En este sentido, un inédito estudio de la consultora Valgesta detalló lo que ha pasado históricamente en la operación del sistema, y las proyecciones de corto y largo plazo al respecto. El estudio comprobó que, a la hora de realizar un análisis sistémico, la norma vigente no impacta ni los costos marginales ni los vertimientos de energía.

No obstante, la situación cambiaría de manera inversa en el mediano plazo y en el contexto de la descarbonización, por lo que la disminución en su disponibilidad impactaría de manera significativa en el despacho del sistema, los costos marginales y el costo operativo del sistema eléctrico en su conjunto, pudiendo trasladar, incluso, los costos a los usuarios finales.

“Estamos frente a la modificación de una norma que pretende solucionar un problema que no sabemos cuál es, al menos en el proceso de consulta pública no se acompaña ningún documento que sustente la modificación, ni tampoco cuál es el diagnóstico”, dice el director ejecutivo de Valgesta Energía, Ramón Galaz.

El director ejecutivo de Ecom Energía, Sebastián Novoa, apunta a que las consecuencias de una eventual implementación de la propuesta de la CNE impactarán directamente el mercado de contratos de los clientes libres y los costos de todo el sistema. “Esta modificación a la normativa no se justifica desde el avance hacia la búsqueda de una matriz eléctrica más sustentable y tampoco aporta en relación con la operación económica”, sostiene.

Un estudio de Jorge Quiroz y Felipe Givovich añade otro elemento, indicando que la modificación, si bien otorga mayor transparencia al sistema, podría afectar la competencia al interior de este y la entrada de nuevos actores, ya que las posibilidades que tiene un nuevo generador para ingresar al sistema y competir con un incumbente se reducen sustancialmente, porque el primero deberá enfrentar un costo de gas (por riesgo de venteo) sustancialmente superior al del incumbente.

Desde la CNE señalan que han constatado elevados despachos de gas inflexible y aseguran que aunque a nivel sistema el impacto no sea alto, sí lo es a nivel individual de los proyectos ERNC, añadiendo que la propuesta asume que hay un nivel de inflexibilidades “saludable”. Aunque advierten que “ese nivel no es la suma de los intereses individuales de todos los generadores que usan GNL (gas natural licuado)”.

El secretario ejecutivo de la entidad, José Venegas, explica que “también se ha dicho que un cambio podría mermar el aporte de GNL. Eso no se fundamenta en la realidad. Las ventajas de usar GNL son muy superiores al efecto de acotar inflexibilidades, por lo que no se afectará la disponibilidad futura. Cuando más se ha necesitado GNL en el pasado, menos necesidad ha habido de forzarlo inflexible”.

Un documento presentado por el académico de la UC Cristian Muñoz cifra en un total de US$ 99 millones lo que han dejado de ganar las empresas más pequeñas, en su mayoría centrales de energía renovable, por la existencia de la norma.

 

Fuente: El Mercurio, viernes 2 de julio de 2021